Historia de México

La independencia de la Ámerica española.

 

AUTOR: Jaime E. Rodríguez O.

Universidad Nacional Autónoma de México ISBN 968-837-093-2

EL IMPERIO ESPAÑOL EN AMÉRICA

LAS REFORMAS BORBÓNICAS

El creciente sentimiento de la identidad americana entró en conflicto con la determinación de España, a lo largo del siglo XVIII, de reducir al Nuevo Mundo a la condición de colonia. El proceso se inició con el advenimiento de una dinastía nueva. La victoria de Felipe V en la guerra de sucesión española permitió al nuevo monarca Barbón iniciar una serie de cambios orientados a centralizar el gobierno de España, sanear las finanzas y reorganizar las fuerzas armadas. Los consejeros franceses y los reformadores españoles, como José Patiño y José del Campillo, revitalizaron la economía española al emplear las políticas mercantilistas. Entre las transformaciones más importantes estuvo el establecimiento del sistema de intendentes de administración en la Península. El intendente era un administrador provincial con autoridad militar, financiera, económica y judicial. Responsable en forma directa ante el rey, el nuevo funcionario tenía instrucciones de disminuir el regionalismo y reforzar el gobierno nacional.18
Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), funcionarios diligentes se empeñaron en crear una sociedad más eficaz y más racional, en
restructurar la administración, la educación, la agricultura, la industria, el comercio y el transporte. Estos hombres de la Ilustración ansiaban un gobierno mejor y más eficaz. Rechazaron la idea de los Habsburgo acerca de los reinos "federados", propugnando en lugar de éstos una España unida y centralizada que reinara sobre sus colonias ultramarinas. Señal indicativa de su actitud fue el cambio que se dio en el título del monarca que, en tiempos de los Habsburgo, fue "rey de las Españas y de las Indias", en tanto que bajo los Borbones se convirtió en "rey de España y emperador de América". Los funcionarios de Carlos III fueron los primeros en referirse a las posesiones americanas con el título de "colonias", término tomado en préstamo de Gran Bretaña y Francia, en
lugar del tradicional de "reinos".19
Aunque el programa de regeneración de los Borbones se inició en España, en 1743 José del Campillo volvió su atención hacia el Imperio en un estudio denominado Nuevo sistema de gobierno económico para la América. En él propuso que la monarquía llevara a cabo una inspección general del Nuevo Mundo con el fin de reunir datos precisos. Luego, con base en tales informes, podría instituir las mejoras. Sugirió igualmente que el establecimiento de intendencias y del "libre comercio" dentro del imperio se convirtiera en la piedra de toque de la reforma americana. Poco fue lo que se logró; sin embargo, hasta el adve¬nimiento de la guerra de los Siete Años. Sorprendida por la toma de La Habana por los británicos en 1762 y consternada por el sorprendente aumento en el comercio resultante, España tomó las medidas para iniciar los cambios al término de las hostilidades.20
En tanto que la guerra demostró claramente que la monarquía espa¬ñola necesitaba controlar mejor su imperio si quería reclamar su lugar como una de las mayores potencias mundiales, la situación en el Nuevo Mundo contribuyó asimismo a dar a la reforma un signo de urgencia. Como lo ha apuntado John Lynch:

Existían ciertas características del gobierno de América que preocupaban .a los Borbones. Las instituciones no funcionaban de manera automática sólo promulgando leyes y recibiendo a cambio obediencia. El instinto normal de los súbditos coloniales era el de cuestionar, evadir o modificar las leyes y sólo, como último recurso, obedecerlas [...] La burocracia colonial tomó el camino de aceptar el papel de mediadora entre la Corona y sus súbditos, en lo que podría ser denominado "consenso colonial".21

Para los reformadores Borbones quizá el aspecto más turbador de la situación en el Nuevo Mundo era el hecho de que los americanos ejercían un control considerable sobre sus asuntos. Las élites locales de los distintos reinos o regiones del hemisferio occidental tenían poder económico, eran las propietarias de las haciendas, minas, obrajes y otras empresas. En tanto que los españoles peninsulares tenían el dominio del comercio en gran escala entre España y América, los criollos y los mestizos se dedicaban con frecuencia al comercio interno e interameri¬cano en forma extensa. De igual forma, los americanos ejercían una influencia política considerable. En teoría, los funcionarios reales --que no debían establecer lazos con los grupos locales- gobernaban la región; pero la administración real en América era débil y a sus representantes se les obligaba a menudo a colaborar con las élites locales a fin de poder gobernar con mayor efectividad. Los notables de la región cooptaban a los burócratas reales por medio de la amistad, el matrimonio, las actividades comerciales y el soborno.22 Los alcaldes mayores y los corregidores, funcionarios de nivel medio que trabajaban en las localidades eran considerados especialmente propensos a la cooptación y la corrupción, puesto que obtenían sus ingresos no de un salario sino del comercio. Así, conseguían fondos tanto de los mercaderes locales como de los hombres de empresa y a continuación adelantaban dinero en efectivo, equipo y mercancías a los pequeños granjeros y a los indios de su jurisdicción a través del repartimiento de comercio. Aunque éste servía como un sistema de crédito efectivo en muchas regiones, y aunque los campesinos y los indios lo utilizaban con frecuencia para favorecer sus propios intereses, algunos funcionarios también abusaban del repartimiento para obligar a la gente del campo a comprar mercancías que no necesitaba y a producir para el mercado de exportación. En Perú el repartimiento produjo innumerables quejas. Sin embargo, sirvió muy bien a los grupos de poder en la región.
Los americanos buscaban también cargos públicos en sus respectivas patrias. Querían autogobernarse del mismo modo que lo hicieron algunos reinos peninsulares, como Cataluña en el siglo XVII. No sólo deseaban la mayoría de los nombramientos a los cargos diversos en el Nuevo Mundo sino que también los querían en sus propias patrias, pues en tal sentido los criollos procedentes de otras regiones eran considerados apenas diferentes de los peninsulares. El deseo de obtener puestos públicos en sus patrias respectivas se hizo posible cuando la Corona, en su desesperación por recaudar fondos, empezó a vender cargos a mediados del siglo XVII. Como resultado, los americanos lograron los nombramientos necesarios para desempeñar los cargos en corregimientos, ayuntamientos, audiencias y, en alguna ocasión, el puesto de virrey.23 De este modo, los reinos del Nuevo Mundo llegaron a ser relativamente autónomos.

Los americanos lograron el control de las audiencias de sus regiones en el periodo 1687-1750. Aunque tal práctica fue iniciada por los Habsburgo, los primeros reyes Borbones, Felipe V y Fernando VI, aceleraron este proceso. A lo largo de la primera mitad del siglo XVIII designaron a 108 criollos para 136 cargos en las audiencias americanas. Las exigencias financieras que imponían las guerras en las que participó España hicieron que aumentara la venta de los cargos de oidores. La Corona vendió la mayoría de los puestos de oidores en los lugares menos amenazados, como Guadalajara, Quito, Lima, Charcas y Santiago de Chile; en tanto que sólo vendió algunos puestos en las audiencias sometidas al ataque de los británicos como Santo Domingo, Santa Fe de Bogotá y México. Preocupada por el poder creciente de los americanos, en 1750 la Corona dejó de vender cargos en las audiencias, mas fueron tantos los americanos que habían logrado obtenerlos que pudieron mantener su mayoría en las audiencias de México, Lima y Santiago hasta la década de 1770-1780.24
Los americanos buscaron los puestos en el gobierno con tanta vehemencia porque creían que si lograban el dominio del gobierno local podrían llegar a ser capaces de determinar su propio destino, lo cual era posible porque, como lo ha indicado John 1. Phelan:

La monarquía española era absoluta sólo en el original sentido medieval de la palabra. El rey no reconocía a nadie que fuera superior a él dentro o fuera de sus reinos. Él era la fuente definitiva de toda la justicia y de todas las leyes. La antigua frase medieval decía: "El reyes emperador en su reino". Sin embargo, las leyes que llevaban la firma real no constituían la expresión despótica de los deseos arbitrarios del rey. Las leyes y el grado a que se obligaba a cumplidas reflejaban las aspiraciones complejas y diversas de todos, o al menos de numerosos grupos de esa sociedad corporativa y multiétnica. La monarquía era representativa y descentralizada a un grado que pocas veces se sospecha.
Aunque en las Indias no había asambleas de representantes establecidas o Cortes, cada una de las corporaciones principales, como los cabildos, los diferentes grupos eclesiásticos, las universidades y los gremios, cada uno de los cuales gozaba de una medida considerable de autogobierno, podía, y de hecho lo hacía, hablar en nombre de sus respectivos constituyentes. Sus observaciones llegaban al rey y al Consejo de Indias directamente a través de sus representantes acreditados o indirectamente por medio de los virreyes y las audiencias; y sus aspiraciones modelaron de manera profunda el carácter de las decisiones definitivas.25

Los americanos consideraban que sus patrias eran reinos dentro de la monarquía española que se extendía por todo el mundo y no colonias, como las de Gran Bretaña y Francia. Estaban convencidos de que

No obstante, los reformadores borbónicos creían en un Estado absolutista y no en uno basado en el consenso. Aún más, rechazaban la dependencia de los Habsburgo respecto de la Iglesia y favorecían una administración secular integrada por burócratas civiles y militares. Al igual que los liberales del siglo xx, los hombres de la Ilustración del siglo XVIII consideraban que el Estado era la institución más capacitada para promover la prosperidad y el bienestar de la monarquía. Pese a que los reformadores encontraron oposición considerable de parte de los intereses locales, procedieron con determinación porque tenían el apoyo del monarca.
Tras la guerra de los Siete Años, Cuba se convirtió en el lugar ideal para hacer un experimento reformista. Los Borbones instituyeron en primer lugar una visita, o inspección, durante los años de 1763 y 1764. A continuación establecieron una intendencia, un nuevo ejército permanente, así como un comercio más libre dentro del Imperio. En vista de que los resultados fueron positivos -los americanos fueron eliminados poco a poco de los puestos públicos, aumentó la recaudación de impuestos y el ejército nuevo pareció funcionar relativamente bien-, los Borbones decidieron establecer las reformas a lo largo de todo el Imperio.

La Nueva España experimentó el primer intento en gran escala de llevar a cabo las transformaciones mediante la visita general de José de Gálvez, efectuada de 1765 a 1771. El visitador general Gálvez, extremadamente antiamericano, estableció las normas de las reformas reales. El visitador tomó por asalto, audazmente, el antiguo orden, poniendo en duda la idea del virreinato, que constituía el centro de la estructura imperial de los Habsburgo. Lo agresivo del enfoque de Gálvez y las acciones decisivas que puso en juego para remediar los problemas que observaba hicieron que los novohispanos se sintieran tan ofendidos que consideraron estas acciones como un uso arbitrario de la autoridad. Acostumbrados al consenso político, encontraron difícil aceptar sus cambios.
José de Gálvez pretendía remplazar el virreinato con un sistema de comandancias generales e intendencias poderosas de segundo nivel con las que esperaba aumentar la recaudación de impuestos y mantener el orden de manera más efectiva. También propuso eliminar el repartimiento de comercio y sustituir a los alcaldes mayores y corregidores con funcionarios pagados por el Estado. La audiencia, en su calidad de elemento importante de la estructura tradicional, fue asimismo sometida al ataque. Gálvez redujo la jurisdicción de los oidores mediante el recurso de conceder fueros, el derecho de juzgar a sus propios dependientes, a diversas agencias gubernamentales, como el servicio de correos, los estancos de la pólvora y el tabaco, el monopolio de los naipes y los organismos fiscales.
La reforma cobró fuerzas en 1776, cuando Gálvez se convirtió en ministro de las Indias. A pesar de la oposición que había encontrado en Nueva España, estaba decidido a llevar las reformas al resto del Imperio americano. En el mismo año, Antonio de Areche, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Gálvez en la Nueva España, inició una visita general a Perú que se prolongaría hasta 1784. Areche ya había mostrado su virulenta actitud antiamericana en Nueva España, a la que definió como prácticamente un desierto con sólo cuatro o cinco ciudades malhechas. Las condenas más punzantes que lanzó, sin embargo, fueron contra el mestizaje y la moralidad de los novohispanos.27 Por lo anterior, puede decirse que la visita de Areche a Perú sólo sirvió para crear tensiones mayores. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, otro de los asistentes de Gálvez, mostró ser igualmente hostil a los americanos durante su visita general a la Nueva Granada en los años de 1778 a 1781.
El esfuerzo de los visitadores para cambiar la administración, abolir antiguos acuerdos y aumentar los impuestos encontró considerable oposición en América. A lo largo de toda la región, los perjudicados por las reformas recurrieron a todos los procedimientos legales para obstaculizar o modificar el nuevo sistema. En algunos lugares la población recurrió a la resistencia armada para reparar los agravios recibidos. El primer levantamiento ocurrió en Quito, centro de producción textil cuyos obrajes padecieron en forma sustancial a manos de la competencia europea. El aumento de los impuestos, especialmente sobre el aguardiente, llegó primero a protestas y, en 1765, a violentos motines.28 Levantamientos esporádicos se produjeron en varias zonas de la sierra de la audiencia de Quito en los años siguientes.29 En 1766 estallaron tumultos en múltiples regiones de la Nueva España -San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y otros lugares del norte-. Las revueltas en Nueva España, agravadas por la expulsión de los jesuitas, muchos de los cuales eran originarios de América, se extendieron al año siguiente. Las masas populares atacaron los monopolios de la pólvora y del tabaco, saquearon comercios y las oficinas de la Real Hacienda, liberaron a los presos, asaltaron a quienes consideraban responsables por la expulsión de los jesuitas y pusieron en fuga a los militares y oficiales reales.30 Entre los años de 1777 a 1780 las ciudades del Alto Perú tuvieron tam¬bién que soportar esta inestabilidad.
Sin embargo, los mayores levantamientos ocurrieron en Perú y Nueva Granada. La revuelta de Túpac Amaru amenazó con abarcar todo el virreinato de Perú. Iniciada por el cacique José Gabriel Túpac Amaru, quien se decía descendiente de los Incas, la revuelta buscó al principio corregir los abusos de los corregidores, del sistema de repartimiento, lo que incluía terminar con la mita, mejorar las condiciones de trabajo en las minas y obrajes y establecer una audiencia en Cuzco. El movimiento, si bien estaba dirigido a las masas indígenas, también intentó ganar el apoyo de mestizos, criollos y esclavos negros, a quienes declaró oficialmente libres. Al tiempo que grandes regiones de la sierra se unieron a los rebeldes, otros grupos en el Perú, temerosos de los resultados de un conflicto racial y de clases, se distanciaron de ellos y, de hecho, apoyaron a las fuerzas militares que suprimieron la revuelta en 1783.31
Si bien la otra gran revuelta de la época, el levantamiento de los comuneros en Nueva Granada, tuvo su origen en agravios semejantes, tomó una forma muy diferente. El aumento considerable en los impuestos y la obligación por la fuerza de sostener el monopolio del tabaco dieron lugar a amplias protestas en las regiones productoras de tabaco de Socorro y San Gil. Cuando el visitador Gutiérrez de Piñeres se negó a tomar en cuenta las quejas de los lugareños, éstos, dirigidos por Francisco Berbeo, vecino de Socorro, integraron un "supremo consejo de guerra". Los rebeldes exigían la abolición del monopolio, poner fin a tantos impuestos, la expulsión del visitador y mayor autonomía. Cuando alrededor de 20000 personas marcharon en dirección a la capital, las autoridades decidieron pactar y estuvieron de acuerdo con muchas de las demandas. Los comuneros obligaron a "las autoridades a desempeñarse dentro del espíritu de la 'constitución no escrita', cuyos principios guías eran el debate, el cogobierno y el pacto",32 Pese a sus logros, los comuneros sólo consiguieron retrasar, mas no detener, la campaña de los Borbones en favor del dominio en América.
La intendencia, que constituía el centro de la reforma en América, suscitó una oposición local considerable. La reforma, puesta en marcha inicialmente en Cuba en 1764, había mejorado la administración, en especial la recaudación de impuestos; mas afrentó tanto a la élite de la isla que el capitán general solicitó la revocación de la ordenanza. y aunque la Corona rehusó tal petición, la reacción cubana demoró el establecimiento de intendencias en el resto de América. El visitador general Gálvez propuso, en su Plan de intendencias (1768), la instau¬ración de ellas en la Nueva España; pero la reforma languideció hasta 1776, cuando él se convirtió en ministro de las Indias.
A causa de la oposición que encontró en la élite americana y a los obstáculos que oponían los burócratas, Gálvez comenzó a implantar reformas en las regiones periféricas del Imperio. En 1776 se estableció en el norte de la Nueva España la comandancia general de las Provincias Internas, la cual pretendía dar cohesión a la región y proteger a los colonos allí asentados. En el mismo año, Venezuela fue reorganizada como capitanía general e intendencia. El virreinato de Río de la Plata fue fundado en 1776, pero no hubo intendencias allá hasta 1782. Dos años después el sistema fue llevado a Perú y en 1786 a la Nueva España.
Pese a que el visitador general Gutiérrez de Piñeres propuso en 1782 el establecimiento de intendencias en Nueva Granada, la oposición del virrey y las repercusiones del levantamiento de los comuneros lo impidieron. La audiencia de Quito experimentó sólo un cambio menor al convertirse en intendencia la provincia sureña de Cuenca. La Corona fundó otras intendencias en Puerto Rico, Chiapas, Nicaragua y Chile.33
Aunque el sistema de intendencias tuvo éxito en lo que respecta al mejoramiento del gobierno de las provincias, el aumento en la recau¬dación de impuestos y el fomento del desarrollo económico regional, en última instancia su legado fue impulsar el regionalismo. Los poderosos nuevos funcionarios dislocaron los lazos políticos y económicos existentes que unían a las élites locales con sus equivalentes de las capitales virreinales; mas también dieron oportunidades de movilidad social y económica en el plano provincial. Mejoraron los caminos y las obras públicas, la salubridad y el abastecimiento de agua, al igual que otros servicios públicos, y contribuyeron a acrecentar el orgullo cívico.
Dado que la llegada de funcionarios poderosos, de prestigio y bien remunerados aumentó el nivel de las capitales de provincia, también los intendentes y las élites locales contribuyeron a menudo al propósito de lograr influencia y autoridad mayores en sus respectivas regiones. Como resultado, los nuevos funcionarios no sólo colaboraron sin darse cuenta en el crecimiento del regionalismo sino que se vieron enfrascados en la política local.
Sin embargo, los funcionarios de segundo nivel, subdelegados que sustituyeron a los corregidores y alcaldes mayores, no la pasaron tan bien. Desprovistos de los ingresos y el prestigio de los intendentes, se mostraron incapaces de ofrecer una buena administración y una justicia adecuada en el campo. Muchos de ellos sucumbieron pronto a las demandas en favor de la restauración del repartimiento del comercio. En algunos casos las élites locales consideraron que el repartimiento era necesario para obligar a las comunidades indígenas a participar en el comercio; en otros, la gente deseaba su restauración, dado que el repartimiento de comercio constituía el único sistema viable de crédito al alcance de los pequeños propietarios y las comunidades indígenas.34
Los reformadores borbónicos consideraron a la Iglesia como un obstáculo a su plan de modernizar España. Dicha institución no sólo ejercía gran influencia sino que también era dueña de una enorme riqueza. Los reformadores consideraban al numeroso clero como parásitos improductivos que agobiaban a la sociedad y que, al mantener la tierra en un régimen de manos muertas, privaban al Estado de ingresos y a la sociedad de riqueza productiva. El conde de Campomanes, por ejemplo, sugirió que la expropiación tal vez sería necesaria a fin de remediar el desequilibrio entre una Iglesia rica y un Estado indigente.
Los reformistas borbónicos buscaron aumentar el poder del Estado a expensas de la Iglesia. En España, la Iglesia, y en especial la Compañía de Jesús, dominaba la educación superior por medio de los colegios mayores, que, destinados originalmente a lugar de residencia de los estudiantes pobres, fueron tomados por los hijos de las familias ricas propietarias de la tierra. Los hijos de la nobleza baja, excluidos de los colegios mayores y conocidos peyorativamente como manteístas a causa de las largas capas o mantas que se les obligaba a portar, lucharon por lograr su educación. Debido a sus privilegios, los colegiales, los egresados de los colegios mayores, predominaban en el clero y la administración real.
No obstante, durante el reinado de Carlos III muchos de los reformadores eran manteístas y, como se oponían al poder de la Iglesia, también fueron considerados "jansenistas" por sus adversarios. De este modo se formaron dos grupos que tenían puntos de vista opuestos respecto a la Iglesia: los ultramontanos -los colegiales-, que se identificaban con los jesuitas y estaban en favor del orden tradicional; y los reformadores -manteístas-, que deseaban poner fin al poder de los jesuitas sobre la sociedad hispánica. La ocasión de imponer el cambio se dio en marzo de 1766, cuando en Madrid se produjo un motín en contra de las reformas del ministro de Carlos III, el marqués de Esquilache, nacido en Italia.
Aunque el motín de Esquilache tuvo su origen en una serie de factores muy diversos, como malas cosechas, aumento de impuestos y los fracasos de España en la guerra de los Siete Años, los funcionarios reales culparon del motín a las maquinaciones de los jesuitas, los colegiales y a otros opositores de la reforma. Una vez restaurado el orden, la comisión de investigación determinó, tras una pesquisa secreta, que los jesuitas habían alentado el motín y, como consecuencia de lo anterior, el 27 de febrero de 1767 el rey ordenó que fueran expulsados de España y de todos sus dominios.35
La expulsión de 2 500 jesuitas afectó de manera profunda a América. La mayoría de ellos había nacido en el Nuevo Mundo, donde la Com¬pañía de Jesús desempeñó un papel de primera importancia. Los jesuitas eran los maestros y consejeros de la élite local; controlaban las instituciones de educación superior y las universidades; eran dueños de muchas haciendas y obrajes; administraban hospitales, orfanatorios y otras instituciones de caridad; proporcionaban el personal para las misiones establecidas en los extremos norte y sur y, en Paraguay, tenían bajo su dominio un enclave que gozaba de autonomía considerable. Los reformadores borbónicos consideraron a la Compañía de Jesús como el ejemplo extremo del poder casi autónomo de la Iglesia en Hispanoamérica.36 En un principio, los americanos reaccionaron con gran cólera ante la expulsión, a la que consideraron como un hecho inexplicable. En algunos lugares, especialmente en la Nueva España, el pueblo se amotinó. A todo lo largo y ancho del Nuevo Mundo las clases dirigentes criticaron la acción real mediante la cual se expulsó a sus familiares, maestros y consejeros. No obstante, con el paso del tiempo, fueron apaciguándose debido a que las valiosas propiedades de los jesuitas que fueron expropiadas se vendieron a aquellos que disponían de crédito y posición social. Otros, entre ellos las demás órdenes religiosas, tomaron posesión de las instituciones de educación superior, de las misiones y de las obras de caridad de los jesuitas. Aunque la transferencia de las propiedades jesuitas, de sus instituciones y de sus zonas de influencia encontró en América gente muy dispuesta a hacerse cargo de ellas, los jesuitas se llevaron consigo un activo considerable: el patriotismo americano, que posteriormente tomaría forma en sus escritos e influiría en la actitud de los dirigentes del Nuevo Mundo.
La redefinición de la jurisdicción legal del Estado sobre los asuntos del clero se convirtió en el principal motivo de controversia entre los reformadores y la Iglesia. Los fueros eclesiásticos habilitaban a las cortes diocesanas a reclamar jurisdicción exclusiva sobre determinados delitos cometidos por miembros del clero y, mientras éstos disfrutaban de inmunidad personal respecto de las autoridades civiles, reclamaban también el derecho de intervenir en la sociedad secular. En el caso del asilo, la Iglesia se interpuso entre el pueblo y la justicia real La Corona hizo el intento de excluir del asilo a determinados tipos de criminales y declaró a algunos templos "iglesias frías", es decir, estaban imposibilitadas para ofrecer asilo.
Mediante el acto de declarar que toda propiedad era temporal, los reformadores transfirieron a los juzgados seculares la jurisdicción sobre los títulos de propiedad de la tierra y otras clases de propiedades eclesiásticas. También se restringió la inmunidad personal del clero a la persecución y arresto por los funcionarios seculares. A finales del siglo XVIII las salas de crimen de las audiencias juzgaban a los infractores pertenecientes al clero. En tanto que algunos miembros de la alta jerarquía de la Iglesia aceptaban como necesarias muchas de las reformas, la mayoría de los eclesiásticos, en especial el clero bajo, se oponía amargamente y resentía la pérdida de la inmunidad eclesiástica, aspecto que influyó en numerosos curas en la posterior lucha de independencia.37
El Ejército, al contrario de la Iglesia, obtuvo nuevo poder e influencia en América. Una vez terminada la guerra de los Siete Años, Gran Bretaña y España se convirtieron en los competidores principales en la lucha por el dominio del Nuevo Mundo. Ambas potencias militarizaron la región al establecer ejércitos permanentes. La Corona española tomó la decisión de defender América mediante una fuerza armada integrada alrededor de un núcleo de miembros regulares del. ejército español y una milicia bien adiestrada como reserva. Los americanos pagarían la nueva fuerza armada mediante un aumento en las alcabalas, que pasó de 2 a 6%. Tal proceso, que se inició en Cuba en 1763, se extendió posteriormente a Nueva España, Nueva Granada, Quito y Perú.
El ejército de América se convirtió pronto en un ejército americano, pues para finales del siglo los americanos constituían el 60% del cuerpo de oficiales y el 80% de los soldados. Las milicias eran casi totalmente americanas. Para alentar el reclutamiento, a los miembros del nuevo ejército y de la milicia se les concedió fuero militar, privilegio que se extendió, en cierta medida, incluso a las castas y a los pardos, y que otorgaba la protección de los juzgados militares y cierto grado de exención fiscal.38
El fuero militar y otras prerrogativas atrajeron el deseo de reconocimiento de los americanos. En algunos lugares, especialmente en aquellos con una considerable población de origen africano, como Cuba, Venezuela, Nueva Granada y Perú, el ejército y la milicia abrieron camino a la movilidad social. Las élites sudamericanas obtuvieron también beneficios de la nueva estructuración, pues entre ellas tener un cargo de oficial aumentaba considerablemente la posición socioeconómica de una persona.
Sin embargo, eran numerosos los americanos que no mostraban ningún entusiasmo por el servicio militar, puesto que los apartaba de sus hogares. A los oficiales de la milicia las maniobras les significaban una interrupción de sus actividades mercantiles y, tanto a los soldados como a sus familiares, las obligaciones militares les resultaban extremadamente problemáticas.
La nueva estructura militar de América obtuvo resultados diversos. En tanto que el ejército de América reforzó las defensas del continente, la milicia probó ser inútil. En Perú, por ejemplo, no logró sofocar la sublevación de Túpac Amaru, pues fue necesaria la acción del ejército regular, de los civiles y del clero para reprimirla. Sólo en las regiones de frontera tuvo éxito la milicia. Aunque era necesaria la reforma militar, las autoridades españolas del Nuevo Mundo se preocuparon por la americanización de las fuerzas armadas. El tiempo mostró que sus temores estaban bien fundados pues, más tarde, los oficiales de la milicia dirigieron a las unidades insurgentes en la lucha de independencia.
La reforma económica, otra de las tesis mayores del programa borbónico, al igual que la transformación política, buscó un mayor dominio imperial. Como el virrey ilustrado en la Nueva España, Juan Vicente Güemes de Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, explicó a su sucesor:

En el esfuerzo por controlar el comercio del Nuevo Mundo, los reformadores borbónicos promulgaron el reglamento de 1778, en el que se apelaba por "un comercio libre y protegido", proyectado para reducir a los americanos al papel de proveedores de metales preciosos y de materias primas, así como de consumidores de los productos elaborados en España. A partir de 1765, las autoridades españolas abolieron el monopolio que ejercía el puerto de Cádiz abriendo el comercio, en el Caribe, primero a ocho puertos de la Península y, posteriormente, a Luisiana en 1768, Campeche y Mérida en 1770 y Perú, Chile y el Río de la Plata en 1778.
Aunque en este último año la Corona dio a conocer el Reglamento de comercio libre y protegido, la Nueva España y Venezuela quedaron excluidas durante otro decenio debido a que la segunda se encontraba bajo el dominio de la Compañía de Caracas y porque las autoridades temían que la poderosa economía de la primera desplazara a la de regiones americanas más pobres. Venezuela fue incluida dentro del sistema en 1788 y Nueva España en el año siguiente.

Si bien se daba fin al monopolio de Cádiz, el comercio libre limitaba todavía el comercio americano sólo a los puertos españoles e hispanoamericanos. El comercio con el extranjero siguió siendo prohibido, puesto que la intención principal de la Corona era mantener al Nuevo Mundo como una colonia. Y debido a que la industria española no podía satisfacer todas las necesidades de su Imperio, otros países participaron en el comercio hispanoamericano transbordando sus mercancías en la Península o bien mediante el contrabando.4O
El comercio libre extendió el intercambio mercantil con España cuando los puertos catalanes y gallegos comenzaron a comerciar abiertamente con América. Entre 1778 y 1796, periodo en que trabajó bien el comercio libre antes de desplomarse en 1797 como resultado de la alianza de España con la Francia revolucionaria, los embarques peninsulares al Nuevo Mundo se cuadruplicaron y las exportaciones americanas a España aumentaron 10 veces.
Aunque Barcelona, centro de la industria española, embarcó a América productos manufacturados, la mayoría de las exportaciones peninsulares a América consistía en productos agrícolas. También aumentóel rembarque de mercancías extranjeras. Si bien la plata continuó siendo el artículo americano de mayor importancia, los productos agrícolas, como cacao, azúcar y tabaco, y otras materias primas, como cochinilla, índigo y pieles, constituyeron 44% del total de las exportaciones de 1778 a 1796. Nueva España continuó siendo el mayor importador y exportador no sólo porque era el principal productor de plata sino también porque era la región más rica, más desarrollada y más poblada de América.41
El comercio libre no benefició de manera uniforme al Nuevo Mundo. Los sectores manufactureros pertenecientes a las regiones principales experimentaron una declinación. En algunos casos, como el de la industria textil del Bajío en la Nueva España, contribuyeron también los factores internos; pero en otros, como Quito, el descenso fue resultado directo de los cambios administrativos y comerciales dentro del Imperio.42 El establecimiento del virreinato del Río de la Plata afectó adversamente a Perú y Quito. De forma parecida, el hecho de que hubiera terminado sus operaciones la Compañía de Caracas, así como la creación de la intendencia de Venezuela, dañó a la industria cacaotera de Guayaquil. 43
Por otra parte, las regiones agrícolas de Sudamérica, especialmente la del Río de la Plata y la de Chile, se beneficiaron de las condiciones cambiantes.44 En el norte, el vasto, populoso y rico virreinato de la Nueva España efectuó un reajuste interno a medida que sus regiones agrícolas y de plantación, como la Nueva Galicia, el Bajío, Veracruz, Oaxaca y Yucatán eran favorecidas por las oportunidades que les ofrecía el comerció libre.
El ajuste gradual de los reinos de América a las nuevas condiciones fue interrumpido por las guerras en Europa, que afectaron profundamente el comercio imperial. En 1793 la España de los Borbones se alió a otras monarquías europeas en la guerra contra la regicida República francesa. Al momento de iniciarse las hostilidades, las finanzas reales funcionaban bien y la economía era próspera. Sin embargo, a finales de ese año la situación había cambiado drásticamente. La guerra obligó a la Corona a aumentar los impuestos y a imponer las primeras cargas fiscales directas a la nobleza. Con el fin de afrontar la emergencia, el gobierno también expidió vales reales y ordenó la expropiación de las propiedades de la Iglesia. Estas medidas, que no lograron detener el deterioro de la economía, sí erosionaron el apoyo popular al gobierno y, todavía peor, las graves derrotas militares forzaron a Madrid a aceptar un tratado humillante que unía España a Francia, convirtiéndola así en enemiga de Gran Bretaña.
El nuevo alineamiento internacional obligó a España a sostener una serie de guerras contra Bretaña y sus aliados, agotando aún más la eco¬nomía española. En 1796 la armada británica bloqueó los puertos españoles separando a la Península de sus posesiones ultramarinas. El comercio español con América llegó a su virtual fin. En marzo de 1797 las autoridades de Cuba abrieron el puerto de La Habana a los embarques neutrales. En un esfuerzo tardío por mantener algunas medidas de con;trol sobre el comercio de América, Madrid autorizó a las naves neutrales a transportar mercancías al Nuevo Mundo, en especial azogue y pólvora para las minas de plata. Con la Paz de Amiens (1802) se puso fin a las hostilidades, permitiendo que reviviera la atribulada economía española. El comercio con América aumentó y se recuperó la producción nacional, que alcanzó su punto culminante en 1804. El gobierno incluso comenzó a retirar de la circulación los vales reales, mas para entonces Francia y España estaban otra vez en guerra contra Gran Bre¬taña. La derrota de Trafalgar, que se dio al año siguiente, destruyó la armada española y América quedó separada de España. Para 1807 ni un solo barco español llegó a La Habana, y la Península no recibió un solo cargamento de plata. Nuevamente, la única solución a mano era volver a los barcos neutrales.45

Mapa1, La américa española durante la colonia, c. 1800. (Fuente; John Lynch, Bourbon Spain, 1700-1808, Oxford, Basil Blackwell, 1989.)

Los nuevos y perjudiciales alineamientos internacionales no constituyeron la única queja que los americanos tenían contra la Madre Patria. Los aumentos exorbitantes de impuestos era la queja mayor que elevaba el Nuevo Mundo. Carlos III y todos sus consejeros estaban convencidos de que América debía rendir mayores "utilidades" a la Corona. De hecho, prácticamente todas las reformas de los Borbones estaban encaminadas a subir los impuestos a un "nivel apropiado". El gobierno real aumentó la alcabala de 2 a 4% y, finalmente, a 6% en los años finales del siglo XVIII y gravó con una gran variedad de impuestos al aguardiente, los cereales, el ganado y otros bienes; creó asimismo un considerable número de monopolios estatales, como el de los naipes, el de la pólvora y el del tabaco. Pese a las protestas e incluso motines violentos que se dieron en Quito, Perú, Nueva Granada y Nueva España, los funcionarios reales insistieron en la recaudación de impuestos.
El estanco del tabaco obtuvo vastas ganancias. Por ejemplo, en Nueva España tuvo ingresos por 69.4 millones de pesos en el periodo de 1765 a 1795; 44.7 millones de esta suma fueron enviados a España.46 La recaudación fiscal en Nueva España aumentó inmensamente, pues de 1780 a 1810 ascendió 155% en relación con los 30 años anteriores. El aumento se debió, en parte, a un sistema más eficaz de recaudación de impuestos -extorsión, de acuerdo con el punto de vista de los novo hispanos-.47 El aumento en la recaudación de impuestos no se limitó a la rica Nueva España, pues el Reino de Quito, cuya economía estaba muy deprimida, proveyó también a la Corona con crecientes ingresos. Las tesorerías de Quito, Guayaquil y Cuenca promediaron aumentos anuales de 5.4, 3.8 y 4.7% en recaudaciones fiscales en el periodo de 1777 a 1804, lo que constituyó un incremento aún mayor que el del gran virreinato del norte.48
Las incesantes y crecientes exigencias de dinero por parte de España para costear las guerras en Europa minaron las finanzas de América. Aunque los ingresos aumentaron e manera sustancial, no podían equi¬pararse con los gastos, especialmente los destinados a la economía de guerra, que crecían a una tasa aún más rápida. Aumentó el déficit. Por ejemplo, en Nueva España la deuda creció de 3 millones de pesos en 1780 a 31 millones en 1810. La desintegración financiera del gobierno real en América, como ha hecho notar John TePaske, "constituyó un proceso gradual e inexorable que se inició a principios del decenio 1780-1790 y, de hecho, el derrumbe financiero del Estado era ya casi un hecho cumplido hacia L..] 1810".49
Todavía más. Las exigencias periódicas de préstamos para afrontár gastos extraordinarios en la Península ibérica afectaron de manera adversa la economía debido a que drenaban efectivo en metálico del Nuevo Mundo. En 1783, por ejemplo, los gremios mineros de Nueva España y Perú fueron forzados a prestar millones de pesos a España. Posteriormente, los gremios artes anales fueron obligados a transferir sus fondos de las cofradías afiliadas a la Iglesia y ponerlos bajo el con¬trol del gobierno. A los mercaderes financieros y los banqueros de la plata se les ordenó también que pusieran su capital a disposición del Estado.50
Quizá el trastorno mayor de la economía del Nuevo Mundo se produjo cuando el rey hizo extensivo al imperio el Real Decreto de Consolidación en 1804. Promulgado primero en España en 1798 con el fin de redimir los vales reales y liquidar otras deudas de guerra, el decreto autorizaba a los funcionarios reales a embargar y subastar los bienes inmobiliarios de la Iglesia. En restitución, las autoridades eclesiásticas recibirían un interés de 3% de sus "préstamos" al gobierno. La Corona pensaba que tal medida resultaría benéfica, pues la subasta daría a los granjeros en pequeño y a otros hombres de empresa la oportunidad de adquirir tierras. En vista de que la Iglesia de la Nueva España funciona¬ba como el banquero principal del país, tal medida podía. arruinar al virreinato. Pese a las protestas desesperadas e incluso amenazantes, las autoridades hicieron cumplir el Decreto de Consolidación y, para 1808, los funcionarios reales de Nueva España habían reunido más de 12 millones de pesos; esto es, aproximadamente la cuarta parte de la deuda total que se debía a la Iglesia. Medidas semejantes se tomaron en todo el resto del continente.51
Como si tales exacciones no bastaran, durante la segunda mitad del siglo XVIII los americanos se vieron inundados por una ola nueva de inmigrantes españoles. Funcionarios gubernamentales, comerciantes y simples inmigrantes llegaron al Nuevo Mundo a "hacer la América". En una época en que el régimen favorecía a los peninsulares, los funcio¬narios y empresarios españoles preferían dar empleo a sus compatriotas y familiares, más que a los americanos. Isleños provenientes de las Canarias, gallegos, asturianos y vascos buscaron fortuna en el Nuevo Mundo. Aunque estos inmigrante s se integraron rápidamente a la sociedad americana por medio del matrimonio, no perdieron, por lo general, sus lazos con España. Por supuesto, sus hijos criollos y parientes resentían a los recién llegados. Pese a la lucha constante entablada en¬tre las élites americanas y los europeos de alto y mediano nivel por ganar el gobierno o las oportunidades comerciales, el conflicto de ma¬yores dimensiones se presentó en el nivel más bajo. Los comerciantes españoles minoristas, los viajantes de comercio y los funcionarios de bajo nivel se ganaron pronto la enemistad de las masas. Aunque nunca fueron muchos -quizá unos 40 000 repartidos por todo el Nuevo Mundo en 1800-, los americanos consideraron a los españoles recién llegados como depredadores que les arrebataban las oportunidades a las que tenían derecho. 52 La enemistad aumentó a lo largo de los años a medida que España y los peninsulares exigían que los americanos su¬bordinaran sus necesidades a las de la metrópoli en peligro.
Las reformas de los Borbones no constituían un plan de acción cuidadosamente orquestado, determinado y bien ejecutado. Aunque las fuerzas armadas coloniales fueron renovadas con rapidez después de 1763, quedaron sometidas a cambios sustanciales a lo largo de los años. Las reformas comerciales, las transformaciones de la administración e incluso los intentos de evitar que los americanos se hicieran cargo del gobierno en sus respectivas patrias resultaban inciertos, vacilantes e inconsistentes. El sistema de la intendencia fue introducido parcial y gradualmente en algunas regiones a lo largo de los años, mientras que otras, como la Nueva Granada, no tuvieron nunca la experiencia de la transformación. Del mismo modo, Nueva España, el reino americano más rico, más desarrollado y más productivo, tuvo que aguardar un decenio antes de poder disfrutar de los beneficios del comercio libre.
Los americanos en todo el continente se opusieron o bien objetaron las innovaciones y se las arreglaron para modificar muchas de ellas de modo que se ajustaran a sus intereses. Si bien las reformas de los Borbones fueron dañinas inicialmente para algunas regiones o grupos, la Corona española sin duda hubiera alcanzado con el tiempo acuerdos aceptables con todos los interesados. No obstante, los acontecimientos en Europa a finales del siglo XVIII impidieron un reajuste ordenado. El inicio de la Revolución francesa desató 20 años de guerras en las que España se convirtió, contra su voluntad, en participante. De este modo, a principios del siglo XIX el Imperio español afrontó la crisis más grave de su historia.

18 Jaime E. Rodríguez O., 7be Emergence of Spanish America: Vicente Rocaluene and Spanish A merica nism, 1808-1832 (Berkeley: University of California Press, 1975), 2. [Hay edición en español en el FCE.1

19 Colin M. MacLachlan, Spain S Empire in the New Warfd: 7be Rafe of Ideas in Institutional and Social Change (Berkeley: University ofCalifornia Press, 1988).

2O Miguel Anola, "Campillo y las refonna de Carlos m", en Revista de Indias, XII (1952), 687-690. Aunque el estudio de Campillo se publicó en 1762, como parte del Proyecto económico de Bernardo Ward, y en foona separada en 1787, circuló profusamente antes en forma de manuscrito.

21 John Lynch, Bourbon Spain, 1700-1808 (Oxford: Basil BlackweU, 1989), 329, 333.

22 Véase, por ejemplo, John 1. Phelan, The Kingdom 01 Quito in tbe Seventeenth Century: Bureauaatic Politics in the Spanish Empire(Madison: University of Wisconsin Press, 1967).

23 John H. Parry, The Sale 01 Public Office in the Spanish Indies under the Habsburgs (Berkeley: University of California Press, 1963); Fernando Muro, "El 'beneficio' de oficios públicos en Indias", en Anuario de Estudios Americanos, 35 (1978),1-67; Alfredo Moreno Cebrián, "Venta y beneficios de los corregimientos peruanos", en Revista de Indias (1976), 213-246; Kenneth J. Andrien, "The Sale of Fiscal arrices and the Decline of Royal Authority in the Viceroyalty of Peru, 1633-1700", en Hispanic American Historical Review [en adelante HAHR/, 62: 1 (1982), 49-71.

24 Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, From impotence to Authority: 1be Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808 (Columbia: University of Missouri Press, 1977). Tres importantes trabajos acerca del tema aparecieron en HAHR, 520972): Leon G. Campbell, "A Colonial Establish¬ment: Creole Domination of the Audiencia of Lima during the Late Eighteenth Century" , 1-25; Mark A. Burkholder, "FroÍn Creole to Peninsular: The Transformation of the Audiencia of Lima", 395-415; y Jacques A. Barbier, "Elites and Cadres in Bourbon Chile", 416-435. Véase tamhiénJohn L. Phelan, "El auge y caída de los criollos en la audiencia de Nueva Granada", en Boletín de Historia y Anti¬güedades, 59 (1972), 597-618; Y David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763¬181º (Cambridge: Cambridge University Press, 1971),40-44. [Hay edición en español en el FCE.]

25 John L. Phelan, 7be People and Ibe King: 7be Comunero Revolttion in Colombia, 1781 (Madison: University ofWisconsin Press, 1978), H2.

26 lbid., xviii.

27. Los puntos de vista de Areche son analizados en Christon l. Archer, "What Goes Around Comes Around: Political Change and Continuity in Mexico, 1750-1850", en Jaime E. Rouriguez O. (compilador), Mexico in tbe Age of Democratic Revolution, 1750-1850 (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1994), 264-266.

28 Los mejores estudios que se han hecho de este acontecimiento son los de Anthony MacFar¬lane, "The 'Rebellion of the Barrios': Urban Insurrection in Bourbon Quito", en HAER, 690989), 283-330; Y KenethJ. Andrien, "Economic Crisis, Taxes and the Quito Insurrection of 1765", en Past and Present, núm. 129 (noviembre de 1990), 104-131.

29 Segundo E. Moreno Yánes, Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, 3" edición (Quito: Universidad Católica del Ecuador, 1985), 103-332.

30 Véase, por ejemplo, Felipe Castro Gutiérrez, Movimientos populares en Nueva Esparla: Michoacán, 1766-1767(México: UNAM, 1990).

31 Existe una bibliografía muy vasta acerca de la rebelión de Túpac Amaru, en la mayoría de la cual se intenta definirla como uno de los primeros movímíentos independentistas. El mejor estudio es el de Scarlett O'Phelan Godoy, Rebellions and Revolts in Eighteenth-Century Peru and Upper Pent (Colonia: Bóhlau Verlag, 1985), 209-256.

32 Phelan, The people and the King..., 239-240.

33 Lillian E. Fisher, Tbe Intendant System in Spanish America (Rerkeley: University of California Press, 1929); Luis Navarro García, Intendencias en Indias (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1956); John Lynch, Spanish Colonial Administration. 1772-1810 (Londres: The Athlone Press, 1958); John R. Fisher, Government and Society in Colonial Peru: 1be Intendant System, 1784-1814 (Londres: The Athlone Press, 1970); Herbert Priestley, José de Gálvez, Visitar General 01 New Spain, 1765-1771 (Berkeley: University of California Press, 1916); Ricardo Rees Jones. El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España (México: UNAM, 1979); Dou¬glas A. Washburn, "The Bourbon Reforms: A Social and Economic History of the Audiencia of Quito, 1760-1810" (tesis de doctorado, University of Texas at Austin, 1984), 117-122.

34 Margarita Menegus Bornemann, "Economía y comunidades indígenas: el efecto de la supre¬sión del sistema de reparto de mercancías en la intendencia de México, 1786-1810", en Mexican Studies / Estudios Mexicanos [en adelante MS / EA1!, 5:2 (verano de 1989), 201-219.

35 Constancio Eguía Ruiz, Los jesuitas y el motín de Esquilache (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947); Vicente Rodríguez Casado, La política y los políticos en el reina¬do de Carlos III(Madrid: Ediciones Rialp, 1962); Laura Rodríguez, "The Riots of 1766 in Madrid", en European Studies Review, 3:30973),223-242; así como su artículo "The Spanish Riots of 1766," en Past and Present, 590973), 117-146.

36 Acerca del tema de los jesuitas, véanse Ignacio Osario Romero, Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España, 1572-1767 (México: UNAM, 1979); Magnus Morner,1be Political and Economic Activities of the jesuits in the La Plata Region (Estocolmo: Victor Pettersons Bokindustri Aktiebolag, 1953), así como Tbe Expulsion of the jesuits from Latin America (Nueva York: Knopf, 1965); Alberto Francisco Pradeau, La expulsión de los jesuitas de las provin¬cias de Sonora, Ostimuri y Sinaloa en 1767 (México: Antigua Librería Robredo de PorI'Úa, 1959). Los mejores estudios acerca de las propiedades de los jesuitas son los de Herman W. Konrad, A jesuit Hacienda in Colonial Mexico: Santa Lucía. 1576-1767 (Stanford: Stanfard University Press, 1980); Y el de Germán Colmenares, Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1969).

37 El mejor trabajo acerca de la reforma eclesiástica es el de Nancy M. Farriss, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1759-1821 The Crisis of Ecclesiastical Privilege (Londres: The Athlone Press, 1968).

38 La reforma militar es, entre todas las reformas de los Borhones, la estudiada más a fondo. Véanse, por ejemplo, Allan J. Kuethe, Cuba, 1753-1815: Cmwn, Military and Society (Knoxville: University of Tennessee Press, 1986), así como su Military Re/ami and Society in New Granada, 1773-1808 (Gainesville: University of Florida Press, 1978); Christon I. Archer, The Army in Bourhan Me.xico, 1760-1810 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977) [hay edición en español en el FCEJ; Lean G. Campbell, Military and Society in Colonial Pero, 1750-1810 (Filadelfia: American Philosophical Society, 1978); y Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército de América (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983).

39 Citado en Catalina SielTa, El nacimiento de México, 2" edición (México: Miguel Ángel Porrúa, 1984), 177

40 John Fisher, Commercial Relations Betweem Spain and Spanish America in the Era of Free Trade, 1778-1796 (Liverpool: University of Liverpool, 1985).

41 Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821 (Sevilla: Escuela de Estu¬dios Hispanoamericanos, 1978).

42 John Super, La vida en Querétaro durante la Colonia, 1531-1810 (México: Fondo de Cultura Económica, 1983); Robson Tyrer, Historia demográfica y económica de la Audiencia de Quito, (Quito: Banco Central del Ecuador, 1988).

43 Michael T. Hamerly, Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil,1763-1842 (Guayaquil: Archivo Histórico del Guayas, 1973), 57-85

44 Guillermo Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires: repercusiones económicas y políticas de la creación del virreynato del Río de la Plata (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1949); Sergio Villalobos, El comercio y el contrabando en el Río de la Plata y Chile (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1965).

45 Antonio García-Baquero, Comercio colonial y las guerras revolucionarias (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1972); ]ohn Fisher, Trade War and Revolution: Exports from Spain lo Spanish America, 1797-1820 (Liverpool: University of Liverpool, 1992),

46 W, Kendall Brown, Bourbons and Brandy: Imperial Reform in Eighteenth-Century Arequipa (Alhuquerque: University of New Mexico Press, 1986); Susan Deans-Smith, Bureaucrats, Planters and Workers: 7be Making of the Tobacco Monopoly in Bourbon Mexico (Austin: University of Texas Press, 1992).

47 Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, "Estado borbónico y presión fiscal en la Nueva España, 1750-1821", en America Latina: Dallo Slato coloniale allo Stato nazionalle (J 750-1940), 2 vols. (Milán: Franco Angeli, 1987), 1, 78-98.

48 KennethJ. Andrien, The Kingdom qfQuito, 1690-1830: ?be State and Regional Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 200-204.

49 John J. TePaske, "The Financial Disintegration of the Royal Govemment in Mexico during the Epoch of Independence", en Jaime E. Rodríguez O. (compilador), The Independence 01 Mexico and the Creation 01 the New Nation (Los Ángeles: VCLA Larin American Center, 1989), 63.

50 Carlos Marichal, "Las guerras imperiales y los préstamos novohispanos, 1781-1804", y Josefa Vega, "Los primeros préstamos de la guerra de Independencia", en Historia Mexicana, 39 (abril¬junio de 1990),881-907, 909-931.

51 Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución en la Independencia: Los españoles en la vida política, social y económica de México, 1804-1838 {México: El Colegio de México, 1969),33-65; Asunción Lavrin, "The execution of the Law of Consolidation in New Spain", HAHR. 53 (febrero de 1973),27-49; Anthony McFarland, Colombia before Independence: Economy, Society and Po/i¬ties under Bourbon Rule (Camhridge: Cambridge University Press, 1993), 306.

52 Flores Caballero, La contrarrevolución en la Independencia..., 15-23; Brading, Merchants and Miners in Bourbon Mexico, 14-15, 105-106; Alberto Flores Galindo, Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830(Lima: InstitUto Nacional de Cultura, 1984),78-96; P. Michael McKinley, Pre-Revolutionary Caracas: Polities, Economy and Socie y 1777-1811 (Cambridge: Cambridge Univcrsity Press, 1985), 13-18.

La Revolución francesa de 1789, que hundió a Europa en una guerra de 20 años, así como la agitación política que desató, hizo que se precipi¬tara la crisis imperial en el mundo español. En el momento preciso en
que la monarquía necesitaba de un gobierno fuerte, perspicaz y ex¬perimentado, perdió al gran rey reformador Carlos III en diciembre de 1788. Su sucesor, Carlos IV, era débil, irresoluto e ineficaz. Al principio, el nuevo rey mantuvo la política de su padre al sostener al conde de Floridablanca como primer ministro. Mas el radicalismo de la Revolu¬ción francesa atemorizó a Floridablanca, quien impuso la censura a la prensa en el intento de aislar al mundo español del virus revolucionario francés. Y cuando falló esta táctica instituyó medidas aún más represi¬vas, como la cancelación de la prensa en 1791 y el restablecimiento de la Inquisición con el fin de eliminar los libros peligrosos y a los subver¬sivos en potencia. 30
Tales actos dieron lugar a que se produjera una oposición fuerte en España que amenazó también al primo del rey Carlos, Luis XVI de Francia, quien había jurado mantener la Constitución francesa. Con el fin de tranquilizar el país y reducir las tensiones entre España y Francia, Carlos IV sustituyó a Floridablanca con el francófono conde de Aranda en febrero de 1792. El cambio en el ministerio permitió que se vertieran en España las noticias y la propaganda revolucionaria de Francia, puesto que Aranda disminuyó la censura. La marcha atrás en la política preocupó a numerosos españoles; así, en tanto que el radicalismo aumentaba en Francia, las intrigas palaciegas en contra del primer ministro de España obtuvieron mayor apoyo. Como resultado de lo anterior, Aranda, quien ya estaba entrado en años, fue destituido y remplazado por un favorito de la familia real, Manuel Godoy, oficial de la guardia de 25 años.
El nuevo ministro gobernó a España de 1793 a 1808, un periodo que hubiera puesto a prueba el talento de hombres de Estado más experi¬mentados y respetados. Infortunadamente, Godoy no tenía ni la forma¬ción ni la experiencia necesarias para una tarea de tal envergadura. Logró, eso sí, obtener un poder sin precedentes, pues gozaba de la con¬fianza del rey y de la reina. El pueblo resentía la influencia de Godoy, así como su ascenso tan inmerecido al poder, resentimiento que creció cuando el rey otorgó títulos y favores a su ministro.
La falta de méritos de Godoy, así como su relación con la familia real, convirtieron al ministro en blanco fácil de los detractores. Circula¬ban rumores de que era el amante de la reina y de que cualquiera era capaz de comprar sus favores. Tales historias empañaron la reputación de la familia real y de la monarquía en el momento preciso en que las tensiones resultantes de la grave situación internacional estaban crean¬do un ambiente de descontento contra el gobierno.
Godoy, quien se consideraba un hombre de la Ilustración, intentó con¬tinuar la política reformista de Carlos III, táctica que le ganó escaso apoyo por parte de la comunidad intelectual y la burocracia, quienes lo conside¬raban un advenedizo. Al mismo tiempo, su política alejó a los tradiciona¬listas, quienes temían que la religión y la sociedad fueran amenazadas por los excesos de la Revolución francesa. Debido a que la administración de Godoy era considerada corrupta en extremo, numerosas personas que fue¬ron nombradas para desempeñar cargos públicos tanto en España como en América durante su prolongado ejercicio quedaron desacreditadas.31

El reinado del Terror de los jacobinos, así como la ejecución de Luis XVI, conmocionaron al mundo español y condujeron a la nación a un conflicto con Francia. Así, Carlos IV se alió en 1793 con otras mo¬narquías europeas en la guerra contra la regicida República francesa sólo para ver la derrota de su país. La lucha minó el sistema político es¬pañol y dio lugar a trastornos económicos graves. Y todavía más: París impuso en 1795 un tratado de paz humillante mediante el cual se unía España con Francia, convirtiendo así al país en enemigo de Gran Bretaña.
La nueva alineación internacional obligó a España a participar en una serie de guerras contra Gran Bretaña y sus aliados, dañando aún más la economía española. La Armada británica separó a España de sus pose¬siones ultramarinas, permitiendo a los comerciantes británicos penetrar en el mercado hispanoamericano. La Paz de Amiens (1802) dio fin por breve tiempo a la guerra entre Gran Bretaña y Francia, permitiendo la resurrección de la agobiada economía española. No obstante, en 1804, Francia y España se encontraban nuevamente en guerra contra Gran Bretaña. Los británicos arrasaron con la flota española en Trafalgar, y el bloqueo de 1806, el "sistema continental" de Napoleón, devastó la eco¬nomía peninsular. Tales desastres no sólo interrumpieron el comercio con Hispanoamérica sino que también provocaron desempleo masivo y grave inflación que, con el tiempo, llevaron .a la bancarrota al gobier¬no. Las desgracias económicas y políticas del país fueron atribuidas por el pueblo a la maléfica influencia de Godoy.32
Quienes esperaban reintegrar a la nación su antigua prosperidad vie¬ron como su adalid al príncipe heredero Fernando, pues se oponía a Godoy y sentía rencor hacia la dependencia que tenían sus padres respecto de su favorito. En marzo de 1808, los seguidores del príncipe obligaron a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, quien pasó a ser Fernando VII. La querella dentro de la familia real coincidió con la en¬trada de los soldados franceses en la Península ibérica. En 1807 Napole6n había sido autorizado a cruzar por España con el fin de ocupar Portu¬gal. Una vez que sus fuerzas entraron en el país, el emperador de los franceses decidió sustituir a los Borbones españoles; utilizando como excusa la disputa en torno a la Corona española, Bonaparte atrajo a Francia a la familia real y allí la obligó a abdicar en su favor. Posterior¬mente otorgó a su hermano José el trono de España.

Aunque las autoridades españolas, la burocracia imperial, la nobleza, el clero y el ejército aceptaron en principio a José Bonaparte como r y de España, el pueblo no lo hizo. El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó en contra de los franceses, iniciativa que fue seguida a lo largo de toda España. Estos actos dieron principio a una serie de acontecimientos políticos y militares que transformaron todo el mundo español. En forma que ningún teórico de la política habría podido ima¬ginar, una monarquía cuyos territorios se extendían por todo el orbe fue arrojada por la borda. Como lord Byron dijo acertadamente, era ahora "un pueblo sin rey para un Estado sin espíritu". 33

 

LA REVOLUCIÓN POLÍTICA

La mayoría de los españoles y de los americanos se oponía a los fran¬ceses. Con el paso de dos siglos hemos llegado a aceptar como bené¬ficos los resultados de la Revolución francesa; mas, en ese tiempo, el pueblo hispánico relacionaba el movimiento francés con los excesos revolucionarios: el terror, el "ateísmo", el anticlericalismo, que se mani¬festaba en especial con el estatuto civil para el clero, y un imperialismo nuevo y virulento que había subyugado brutalmente a otros pueblos europeos. Lejos de ofrecer oportunidades para alcanzar la "democra¬cia" y el "progreso", los franceses eran el epítome de todo lo que te¬mían los pueblos de España y América. Para ellos, la dominación fran¬cesa implicaba una centralización mayor y exacciones económicas aún más cuantiosas.
En consecuencia, los pueblos de la Península y del Nuevo Mundo se mostraron unánimes en su oposición a los franceses. La amenaza exter¬na dio mayor relieve a los factores que los unían: una monarquía, una fe, una cultura, una sociedad en crisis. Constituían, pues, lo que pronto llegó a ser conocido como la "nación española", integrada por la Pe¬nínsula y los reinos ultramarinos. Como lo recordó Simón Bolívar:

El hábito de la obediencia; un comercio de intereses, de luces, de religión; una recíproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nues¬tros padres; en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España, De aquí nacía un principio de adhesión que parecía eterno. 34

Si bien compartían la creencia de que pertenecían a una sola nación española, los pueblos de España y América discrepaban en un buen número de asuntos. No obstante, ni las reformas de los Borbones ni el aumento del patriotismo americano habían resquebrajado la legitimidad del sistema ni creado un abismo infranqueable entre los peninsulares y los americanos. Aunque tales procesos engendraron controversias, la monarquía española mantenía aún la flexibilidad suficiente que hubiera resultado en un equilibrio nuevo.
Es posible que, de no haberlo impedido los acontecimientos euro¬peos, con el tiempo ambas partes hubieran alcanzado un reacomodo aceptable. Así, en 1808 España y América respondieron en forma seme¬jante al colapso de la monarquía. El pueblo de ambas regiones se unióen lo que toca a las ideas comunes y buscó soluciones similares a la crisis en marcha. Inspirados por la revolución intelectual del siglo XVIII y los cimientos legales de la monarquía, todos acordaron que, en ausencia del rey, la soberanía se revertía al pueblo, que ahora contaba con la autori¬dad y la responsabilidad para defender la nación.
Las noticias acerca de cuatro acontecimientos -la abdicación de Car¬los IV en favor de su hijo Fernando VII, la renuncia al trono de la fami¬lia real en Bayona, el levantamiento del pueblo en Madrid contra los franceses el 2 de mayo de 1808, y la formación de juntas locales en España- alcanzaron primero los puertos atlánticos de América en mayo, junio y julio, para extenderse posteriormente a otras regiones del conti¬nente. La situación desorientó a las autoridades reales. ¿Quién mandaba en España? ¿Quién, si es que había alguno, debía ser obedecido? ¿Qué debería hacerse? Los americanos de todas las clases y razas se mostraban unánimes en dar pruebas de su fidelidad a Fernando VII, su oposición a Napoleón y su determinación de defender sus patrias de los franceses.
A medida que fueron desarrollándose los sorprendentes aconteci¬mientos en Europa, se hizo claro que, dependiendo de sus intereses particulares, los diversos grupos estaban en favor de soluciones dife¬rentes. Las autoridades reales de América se encontraron en una posi¬ción delicada, pues todos debían su nombramiento a Godoy, quien ahora se encontraba desacreditado y, además, era sospechoso de trai¬ción, de acuerdo con muchos americanos. La prensa que llegaba de España y Gran Bretaña trazaba una situación compleja y en pleno des¬arrollo que oponía al pueblo español con los funcionarios reales.

Las autoridades constituidas en la Península habían reconocido la abdicación de la familia real en favor de Napoleón, mas el pueblo de España rehusaba aceptar el cambio de dinastía. Como habían recibido su mandato del rey, los funcionarios reales en América carecían de autoridad, a menos que reconocieran al nuevo gobierno establecido en España, ya fuera José Bonaparte o alguna entidad aún desconocida. Unos cuantos funcionarios en el Nuevo Mundo, al igual que sus contra¬partes en la Península, estaban en favor de los franceses; pero la mayo¬ría prefería aguardar, con la esperanza de que la nueva información los ayudara a tomar la decisión acertada.
Al principio, la incertidumbre política creada por el colapso de la monarquía dio a los americanos en favor de un mayor control local, quienes, por lo común -mas no exclusivamente- eran las élites urba¬nas, la oportunidad de presionar para lograr el autogobierno. Tal ten¬dencia surgió de manera más clara en la Nueva España. Las noticias de los acontecimientos que ocurrían en la Península llegaron a México en junio y julio de 1808. Por todo el reino, el pueblo manifestó su apoyo a Fernando VII, así como su oposición a Napoleón. La capital y las ciuda¬des principales de provincia efectuaron celebraciones en honor al rey, lo que constituyó, en opinión de Hira de Gortari,

una breve catarsis colectiva que alivió instantáneamente los pesares y recla¬mos; así las fiestas permitieron olvidar momentáneamente los sentimientos de incertidumbre y temor provocados por la ocupación francesa del territo¬rio españo1.35

Pese a la muestra de unidad, la nueva situación dividió a las clases al¬tas. La mayoña de los españoles europeos deseaba contemporizar o bien reconocer a alguna autoridad en España. Numerosos criollos, como los regidores Juan Francisco de Azcárate, Francisco Primo de Verdad y el marqués de Uluapa; el alcalde del Crimen de la audiencia, Jacobo Vi¬llaurrutia, y ciudadanos prominentes como el conde de Medina, el con¬de de Regla y el marqués de Rayas, estaban en favor de la autonomía.
El 19 de julio de 1808 el ayuntamiento de México, en el que dominaban los americanos, propuso al virrey José de Iturrigaray una resolución en la cual se le pedía que permaneciera provisionalmente a cargo del go¬bierno. El ayuntamiento justificó su posición con base en la tradicional teoría política; al respecto, Iturrigaray recordaba que por su ausencia [la del rey] o impedimento, reside la soberanía representada en todo el reino y las clases que lo forman, y con más particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran justicia y en los cuerpos que llevan la voz pública.36

De acuerdo con el ayuntamiento, los representantes de la nación eran los grupos y entidades que en forma tradicional poseían el derecho a la representación ante las cortes españolas. Tan pronto se enteraron de la propuesta del ayuntamiento de México, otras ciudades, como Querétaro y Valladolid, solicitaron que se convocara a un congreso de ciudades.
El virrey Iturrigaray pareció estar de acuerdo con los razonamientos de los americanos. El 1º de septiembre de 1808 solicitó que los ayunta¬mientos de Nueva España nombraran a sus representantes para efectuar una reunión en la capital. El Real Acuerdo, compuesto por españoles europeos, se opuso a la convocatoria de un congreso de ciudades. En lugar de ello, el virrey convocó a cuatro reuniones de las principales corporaciones de la ciudad de México -la audiencia, el ayuntamiento, el consulado, el gremio minero, los militares, los tribunales especiales, la universidad, los monasterios de Guadalupe, Santo Domingo y el Car¬men, la nobleza y los gobernadores indios de las parcialidades capitali¬nas-, que se efectuaron el 9 y el 31 de agosto, así como y el 1º y e1 9 de septiembre y cuyo fin era aconsejado. Se trataba en suma de un organismo muy parecido al recomendado por el ayuntamiento, pero circunscrito a la capital.
Las reuniones fueron turbulentas. Los representantes de las juntas de Sevilla y Oviedo, recién llegados, competían entre ellos por su recono¬cimiento como la autoridad legítima de España. El virrey rechazó sus demandas cuando afirmó: "La España está en anarquía, todas son juntas supremas y así a ninguna se debe obedecer". Aunque las sesiones no llegaron a resolución alguna, sí convencieron a los gachupines de que el aparente apoyo de Iturrigaray a los autonomistas americanos amena¬zaba su posición en el virreinato. Las noticias llegadas de España en el sentido de que en Cádiz las turbas habían hecho a un lado a las perso¬nas que Godoy había nombrado para desempeñar los cargos públicos, llamándolos colaboradores de los franceses, sólo contribuyó a aumen¬tar la preocupación de los peninsulares, quienes no estaban dispuestos a permitir que la élite americana cumpliera su deseo de autogobierno. Momentos antes de la medianoche del 16 de septiembre de 1808, un grupo pequeño de españoles dirigidos por Gabriel Yermo arrestó al vi¬rrey. A las dos de la madrugada, inmediatamente después del golpe, el arzobispo y la audiencia aprobaron suspender del cargo a Iturrigaray y nombraron virrey en funciones a Pedro Garibay, mariscal de campo de 80 años de edad. Posteriormente, los conspiradores arrestaron a los di¬rigentes del movimiento en favor de la autonomía Y Aunque los penin¬sulares dominaron el virreinato, su golpe de Estado echó por tierra la legitimidad en la Nueva España, pues sus actos convencieron a algunos americanos de que sería necesario recurrir a la fuerza para asegurar sus derechos como ciudadanos de la monarquía española.
La crisis en la Península provocó también divisiones en Venezuela, re¬gión que se había caracterizado por sus relaciones relativamente armo¬niosas entre los grupos de la élite. Antes, en 1806, Francisco de Miranda, revolucionario inveterado, convenció a los británicos de que el mo¬mento de la invasión a Caracas estaba ya maduro; con el apoyo de los británicos, intentó en dos ocasiones invadir Venezuela: la primera vez en abril, empleando tres embarcaciones y J 50 hombres, y la segunda en agosto, con 10 buques y 500 soldados. En ninguna de las dos ocasio¬nes el pueblo de la zona mostró apoyo a los británicos o a Miranda.38 Sin embargo, los habitantes de la capitanía general de Venezuela temían que tales ataques y el asalto posterior al Río de la Plata fueran indicios de una eventual invasión británica en gran escala en la región. En efec¬to, Gran Bretaña preparaba una invasión a Sudamérica en la que parti¬ciparían 10000 hombres, pero los franceses que ocupaban España hi¬cieron que aquélla cambiara sus planes.
La noticia de los acontecimientos ocurridos en España aumentó el sen¬timiento de incertidumbre en Venezuela. El ayuntamiento de Caracas reconoció, ansiosamente, el acceso al trono de Fernando VII el 9 de ma¬yo de 1808. Entonces, el 15 de julio, el barco francés Serpent trajo consi¬go documentos provenientes del Consejo de Indias en los que se infor¬maba al capitán general y gobernador, Juan de Casas, que los monarcas de España habían abdicado, que el nuevo rey era José I y que se requería a todos los funcionarios que juraran obediencia al nuevo monarca.
37 Virginia Guedea, Criollos y peninsulares en 1808: dos puntos de vista sobre lo español (tesis de licenciatura, Universidad Iberoamericana, 1964); Enrique Lafuente Ferrari, El virrey Iturrigaray y los origenes de la Independencia de México (Madrid: Instituto Gonzalo Femández de Oviedo, 1941).
35 Caracciolo Parra Pérez, Historia de la primera República de Venezuela, 2 vols. (Madrid: Edi¬ciones Guadarrama, I959), 1, 231-264.

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LA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO ESPAÑOL

Casas, que era un francófilo, hubiera reconocido a José; mas el senti¬miento popular era tan hostil a los franceses y tan leal a Fernando VII que, en lugar de lo anterior, convocó a una junta de notables el 17 de julio con el fin de discutir lo que debía hacerse.
La reunión puso de relieve las divisiones existentes en el interior de la élite. La audiencia, dominada por los peninsulares, se mostró favora¬ble a mantener el statu qua en tanto que el ayuntamiento, en el que predominaban los americanos, quería establecer un cuerpo gobernante local. Tras intensos debates se decidió esperar la llegada de más no¬ticias provenientes de España antes de proceder a los actos. Diez días después, cuando se supo de la formación en España de juntas provin¬ciales, el capitán general Casas propuso establecer "una Junta a ejemplo de la de Sevilla". El ayuntamiento contestó recomendando la creación de una junta integrada por 18 personas que incluyera a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares y a los representantes de los comercian¬tes, así como a los hacendados, el clero, la universidad, el colegio de abogados y el pueblo.
El temor a una posible conspiración republicana, sin embargo, con¬venció a Casas de rechazar la propuesta a principios de agosto, y en lu¬gar de aquélla confió en mantener el sta tu qua. No obstante, las élites, tanto peninsulares como criollos, mantuvieron su posición en favor del establecimiento de una junta. El 24 de noviembre entregaron una peti¬ción avalada por 48 firmas en la que solicitaban la instalación de tal cuerpo. Aunque los peticionarios representaban a la élite de Caracas, que incluía a muchos españoles, Casas respondió arrestando a todos los firmantes. Si bien algunos fueron puestos en libertad en corto plazo, otros permanecieron bajo arresto domiciliario hasta mayo de 1809. Los actos de Casas impidieron la integración de una junta local moderada, y provocaron también bastante descontento, que más tarde aparecería con mayor radicalidad.39
Los acontecimientos en Europa afectaron también profundamente al alguna vez aislado virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires, igual que Caracas, había sido objeto de una invasión. Durante la guerra reciente entre Gran Bretaña, Francia y España, una fuerza expedicionaria britá¬nica al mando de Home Popham cruzó el Atlántico, desde el cabo de Buena Esperanza, y tomó Buenos Aires el 27 de junio de 1806. El mar¬qués de Sobremonte, quien era el virrey, se refugió en el interior del país; pero los vecinos del lugar, europeos y americanos, organizaron milicias con el fin de defender el reino. Dirigidas por Santiago Liniers, militar francés al servicio de España, las milicias de Buenos Aires derro¬taron a los británicos el 12 de agosto, capturando a 1 200 hombres, entre ellos a su jefe. Con el apoyo de un cuerpo militar compuesto por casi 8000 hombres, todos americanos, Liniers se convirtió en el coman¬dante militar de Buenos Aires.
La euforia de los porteños fue de corta duración: un segundo cuerpo militar británico, más poderoso, capturó la ciudad fortificada de Monte¬video, situada al otro lado del estuario del Río de la Plata, frente a Bue¬nos Aires, e13 de febrero de 1807. Una vez más había fracasado el virrey Sobremonte y, en respuesta a las demandas populares, la audiencia or¬denó su deposición y arresto, y nombró a Liniers capitán general.
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